Chiapas: Territorio [digital] geoestratégico

Sursiendo hilos sueltos

Reflexiones sobre la relación entre el avance de la digitalización corporativa y la defensa de los bienes comunes en el contexto del sur de México.

El espacio digital es territorio en disputa: las grandes empresas de tecnología y desarrollo de software buscan apropiarse de zonas inexploradas cuya biodiversidad representa un atractivo capital para que internet sea parte importante en la vida y trabajo de miles de personas. Algoritmos incluidos en nuevas aplicaciones y herramientas buscan “pensar” por nosotrxs, ser espejo de nuestras necesidades y vendernos una zona de confort [im]poniendo el precio para sentirnos incluidxs en las promesas del gobierno de la “transformación”.

El pasado 20 de febrero el gobierno federal anunció que Microsoft realizará una inversión millonaria en tecnología en México, mediante un plan de expansión digital de los servicios de esta empresa. En contrapartida, pueblos originarios colocan la premisa de la defensa de bienes comunes ancestrales a lo largo del territorio nacional con el uso de medios a su alcance, pero… ¿Cuál podría ser la relación entre los planes de expansión de Microsoft y la defensa del territorio de comunidades organizadas en México?

 

Virtuales proyectos en territorios vivos

El avance del neoliberalismo precisa de la explotación de recursos como el que oferta el capitalismo de datos para avanzar en sus planes de expansión y control social. La presencia que tienen hoy en nuestra vida privada las herramientas tecnológicas y digitales no solo permite un conocimiento detallado de nuestros perfiles, ideales, gustos, filias y fobias sino que logran conseguir un retrato hablado de nuestros contextos culturales construyendo en el internet de las cosas un imaginario social con necesidades que políticas de Estado deberían resolver atendiendo al llamado “desarrollo social”.

En México, el gobierno de la transformación tomó por sorpresa el anhelo de cambio de una generación que padece índices de creciente conflictividad y violencia, aprovechó la confianza deslumbrante para “ve[nde]r con otros ojos” los proyectos extractivos para el “desarrollo” propuesto de arriba hacia abajo; es decir, inversiones que anteriormente habían sido impulsadas en el Plan Puebla Panamá (PPP), el Plan Mesoamérica y las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y que dejaron ver el mapa de impacto regional que atravesaría [dividiendo] pueblos, culturas, biodiversidades y entornos naturales.

Megaproyectos de infraestructura como la refinería de Dos Bocas en Tabasco, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía en el Estado de México, el Corredor Transístmico en Oaxaca y el Tren Maya en el Sureste de México, van de la mano de planes extractivistas y energéticos en otras regiones del país; lo turbio de la implementación ha reanimado añejos conflictos sociales ante el despojo de tierra y territorio de pueblos originarios que cuidan y protegen su [pr]esencia en la geografía nacional.

Estos territorios, libres-liberados, representan resistencias a los proyectos en donde el desarrollo mercantil no está sujeto a consulta, sino a conciencia de preservar el patrimonio de comunidades autónomas que reivindican la libre determinación, ante ello empresas y gobiernos intentan descifrar la interrogante de cómo influir en la voluntad individual y las decisiones colectivas.

 

[Eco]sistemas digitales para el capital

El Capitalismo [de datos] intenta todo para apropiarse de los bienes comunes, busca incrementar sus ganancias invirtiendo en infraestructura tecnológica y digital en zonas donde antes no tenía cobertura, aunque esos mismos servicios de información después sean censurados para bloquear comunicaciones en territorios en donde se ejercen derechos humanos.

La expansión digital, como la que impulsa el monopolio de Microsoft, trae consigo una ola de plataformas múltiples de información y comunicación que deriva en herramientas de entretenimiento, redes sociales con geolocalización incluida siendo éste uno de los mayores riesgos de intromisión y vigilancia para comunidades semi urbanas y rurales “beneficiadas” con estos servicios digitales.

El costo de este acceso “gratis” es el de quedarse nuestros datos, útiles para vendernos un modo y estilo de vida acomodado a las necesidades que crea el mercado pero también para [re]conocer los propios territorios en resistencia de la mano [o los clicks] de quienes habitan en ellos. Hoy en día, basta con preguntarle al buscador de tu Smartphone, actualizar un estado en la red social de la cultura del like o enviar un mensaje con la aplicación movil para que la huella digital deje un rastro indeleble en el espacio virtual de la nube.

En contextos urbanos los hábitos online van haciéndose parte de la cultura “moderna”, pero en los entornos rurales la conectividad toma otras características; imaginemos una comunidad indígena ubicada en la Selva de Chiapas por ejemplo, una que ofrece punto de acceso a internet en la escuela pública que se encuentra en el centro del poblado. La mayoría de las personas que se acercan son jóvenes que cuentan con algún dispositivo móvil smartphone a través del cual leen noticias, escuchan música, ven vídeos, “bajan” información y, sin que siempre lo sepan, “suben” datos que de otra manera serían inaccesibles aún para el censo de población.

Información privada sobre usos, costumbres e intereses de familias completas, la ubicación geográfica de un poblado a otro, rutas de acceso, sitios sagrados, riqueza biocultural, recursos energéticos y minerales van filtrándose a través algoritmos que leen publicaciones e imágenes de una comunidad “conectada” a la matrix, que en cada click o touch van tejiendo la enciclopedia del contexto rural cuya base de datos podría ser una oferta para cualquier empresa, gobierno o institución de seguridad nacional. ¿Cuántos ojos nos miran mientras vemos a través de la pantalla?

 

El costo de subirse a la nube de la tecnología

El proyecto que recientemente anunció Microsoft, tal y como su sucedió con el de Facebook en México, parece bondadoso al prometer la expansión digital en territorio nacional. Entre los “beneficios” anunciados está la creación del primer centro de datos en el país, servicios de la nube, laboratorios digitales, aulas virtuales y desarrollar un programa educativo de apropiación tecnológica en jóvenes para ofrecer soluciones al mercado laboral.

La millonaria inversión no perderá jugosas ganancias, los planes de formación de habilidades se encargaran de que personas que no han tenido acceso a herramientas digitales conozcan la paquetería de Windows como primera opción para la realización de tareas comunes, la dependencia al software privativo estará heredando el monopolio y ciclo de la obsolescencia tecnológica que obligará al consumo de nuevos productos, actualización de licencias, antivirus y la adquisición frecuente de nuevos equipos compatibles.

El presidente de la República anunció que el Tratado de Libre Comercio (TLC) requiere de más tecnología para el mercado interno y la exportación, a su vez las empresas del monopolio digital requieren de ampliar mercado en nuevos terrenos multiplicando ganancias con la acumulación de datos que usuarios subirán a la nube que alimentará el virtual centro de datos.

En Chiapas, comunidades que han evitado el despojo de sus bienes comunes naturales no cuentan con cobertura telefónica, de internet, no usan dispositivos o equipos de registro digital que concentre información estratégica o vital; con el uso de nuevas herramientas tecnológicas sin tomar en cuenta medidas básicas de “seguridad digital” podría verse vulnerada la autodefensa digital y autocuidados de procesos comunitarios que han sido acompañados por organizaciones defensoras de derechos humanos comprometidas en la reflexión política tecnológica y su acción.

Quizás por ello redunda en nuestras interrogantes ¿a qué información podrán acceder, y qué uso darán, con este plan de expansión de Microsoft?

 

Autonomía vs regulación digital

La alianza del gobierno federal con los monopolios de la tecnología de la información y comunicación deja de lado la posibilidad de la autonomía digital, el uso de software libre y la libertad de ejecutar, distribuir, modificar y mejorar el software de acuerdo a necesidades específicas y culturales de cada contexto, siempre bajo las premisas de aportes colaborativos, colectivos y en red. No se puede, siquiera, pensar en un plan local de ese software a una de las muchas lenguas locales que se hablan en diversas partes de México. Obligan a hablar en un idioma colonizador.

A esta clara iniciativa por privatizar la “alfabetización digital” se suma el anteproyecto presentado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México sobre lineamientos para la gestión y administración del tráfico en internet que amenaza la #NeutralidadDeLaRed al beneficiar a empresas con privilegios para brindar acceso a servicios de plataformas digitales; ante este intento oficial, personas y colectivos impulsamos la Campaña #SalvemosInternet para denunciar que el discurso gubernamental de expansión digital contradice la salvaguarda de derechos digitales.

Una serie de acciones que no son poco en términos políticos y que delinean la intención de allanar el camino de la privatización de las telecomunicaciones, un “recurso” estratégico para los pueblos que garantiza o niega derechos pretende ser controlado. En este contexto, ¿cómo podríamos continuar con ese ejercicio histórico, situado, concreto, de defensa de derechos colectivos?

Es evidente que el uso de una plataforma u otra para comunicarnos [privativa o libre] marca una diferencia en construir hacia la autodeterminación de los pueblos o reproducir las inercias del capital.

Apostar a propuestas de autonomía, respetando diversidades (bio y culturales), defensa de derechos humanos y no por proyectos desarrollistas/extractivistas que dan el poder de lo digital a corporaciones transnacionales marca la diferencia entre gobiernos sociales y gobiernos neoliberales.

Quizás el discurso no está concordando con la práctica. Rebelémonos ante ello.

@sursiendo

 

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