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By Paola Ricaurte Quijano y Jes Ciacci
Tecnológico de Monterrey/Berkman Klein Center for Internet & Society, Sursiendo
Publish in GisWatch

Introducción

La pandemia ha hecho que el impacto ambiental se convierta en una experiencia cercana y cotidiana para toda la humanidad. Por una parte, hace visible que la destrucción de la biodiversidad cobra factura. Por otra, demuestra que estamos estrechamente conectadas: lo que le afecta a una persona, nos afecta a todas y lo que le afecta al ambiente, nos afecta a nosotras. Por eso, creemos que esta crisis, no es realmente una crisis sanitaria, sino civilizatoria: la crisis de un modelo de mundo que no es sustentable y que no puede seguirse manteniendo.

En este texto argumentamos que algunas de las concepciones más arraigadas en los discursos globales impulsados por los países industrializados, los organismos financieros y la cooperación internacional, se construyen para justificar la explotación del planeta. Las narrativas que promueven el crecimiento de la economía, la producción y el consumo, asociados al avance industrial, la modernidad o el desarrollo económico, contribuyen a la destrucción de los ambientes naturales y sociales. Estos modelos son promovidos por los países industrializados como mecanismo legitimador para extraer los recursos del Sur global, aprovechar la mano de obra barata, mantener la dependencia económica y hacer que los costos humanos y ambientales sean desplazados hacia las comunidades y los territorios de donde se extraen los recursos.

Uno de los ámbitos que mejor da cuenta de este fenómeno es el tecnológico. Cada año se producen millones de dispositivos, se reducen los tiempos de obsolescencia programada y se desarrollan nuevas tecnologías para que estemos mejor y más velozmente conectades. Cada vez más nuestras vidas dependen de nuestro acceso a Internet. ¿Qué significa esto para el planeta? ¿Cómo están resistiendo las comunidades y denunciando el costo que implica para sus vidas y sus territorios?

En este texto presentamos tres experiencias que hacen visible la profunda interdependencia entre el desarrollo tecnológico y el extractivismo, así como su impacto en las comunidades. La explotación laboral y de la tierra ha dado lugar a movimientos obreros, movimientos indígenas y de defensa del territorio que han mostrado que las formas de organización social y resistencia comunitaria son necesarias para la comprensión del entorno como bien común y para defender el derecho a la vida digna.

Contexto: La profundización de desigualdades y la ruptura del tejido comunitario como necropolítica

México es un país con profundas desigualdades sociales que se reflejan también a nivel de las infraestructuras: en el acceso, uso y apropiación de tecnologías asociadas a Internet. Las políticas públicas del Estado mexicano reproducen la tendencia global a desplegar tecnologías corporativas que refuerzan el colonialismo digital. Estas políticas entran en conflicto con las comunidades que promueven relaciones con las tecnologías de acuerdo con sus tradiciones y sus concepciones, la defensa de derechos laborales y del territorio. Mientras las políticas no respondan a una visión congruente con la realidad multicultural, desigual, de violencia estructural y de debilidad institucional que se vive en el país, será difícil emprender un proyecto tecnológico que beneficie a las comunidades marginalizadas y que, además, incorpore una visión de futuro sostenible. El desafío de las políticas tecnológicas en México supone resolver la tensión entre las fuerzas globales y las necesidades locales. Resolver esa tensión implica además redefinir la infraestructura y los indicadores sobre el acceso. En un documento de recomendaciones del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones se menciona que “la conectividad y los servicios derivados de la misma, no se pueden aprovechar en todo su potencial para el desarrollo económico, cultural y social, mientras las políticas, las regulaciones y las personas no vinculen su uso y su apropiación a la mejora de su calidad de vida y la de su comunidad”.[1] Sin embargo, estas recomendaciones no se han materializado.Las iniciativas del gobierno de México demuestran inconsistencia y una falta de reflexión sobre las consecuencias sociales y ambientales derivadas de proveer infraestructuras tecnológicas por medio de soluciones corporativas. El presidente de centro izquierda Andrés Manuel López Obrador al inicio de su mandato entró en conversaciones con Microsoft y Facebook solicitándoles  ayuda para resolver los problemas nacionales de conectividad. En teleconferencia con Mark Zuckerberg,el presidente mexicano expresó: “Nos importa mucho el apoyo de ustedes, compartir este proyecto (…) Si tú lo consideras interesante, te invitamos a participar para poder hacer una sociedad. Sería algo extraordinario que Facebook ayudara a la comunicación, la conectividad en México, sobre todo en beneficio de los pobres”.[2]

Ante este escenario, la sociedad civil ha expresado la urgencia de apoyar “iniciativas locales que perfectamente pueden solventar el problema de llevar Internet a zonas no conectadas”.[3] Por otra parte, es necesario articular estas iniciativas con propuestas locales y movimientos sociales que realizan acciones para reducir el impacto negativo de las tecnologías en el ambiente. Frente a la falta de mecanismos de participación en la toma de decisiones que afectan a la población y la imposición de medidas que apoyan modelos neoliberales para resolver los problemas creados por estas mismas políticas, existen propuestas de resistencia tanto en lo local como a nivel nacional. Reconocer la vinculación entre las diversas resistencias en los territorios y las resistencias de las comnidades tecnológicas puede potenciar la construcción de futuros tecnológicos sostenibles.

Las comunidades están construyendo otros mundos posibles

El desarrollo tecnológico actual no es sostenible para el planeta y para los seres que habitamos en él. La agenda de la producción tecnológica se rige por el valor del mercado y está controlada por unos pocos actores corporativos y gubernamentales, que son quienes están tomando las riendas de nuestro futuro. Los modelos de negocio que se originan principalmente en occidente responden a una geopolítica de guerra y están basados en la explotación de los datos, las subjetividades, los cuerpos y los materiales. Por tanto, planteamos que el origen de la fractura entre la tecnología y el entorno se encuentra no solamente en el sistema de producción capitalista, sino que tiene además una raíz colonial, racista y heteropatriarcal.

A partir de un estudio de caso de distintas iniciativas comunitarias en México, buscamos hacer visible que el grado del impacto ambiental generado por la industria de la tecnología y sus componentes es mucho más profundo porque se encuentra asociado a la destrucción de las comunidades que habitan esos territorios. El primer caso es el de la coalición de extrabajadoras y trabajadores de la maquila electrónica en México, la Coalición de Extrabajadores (as) y Trabajadores (as) de la Industria Electrónica Nacional (CETIEN), que nos muestra cómo el desarrollo colonial y capitalista vulnera a la vez los derechos laborales y el territorio. El segundo es el de los defensores frente al extractivismo minero del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS), al sur de México. Algunos de los minerales extraídos en la zona son los que se utilizan en la industria tecnológica. El tercero, es el caso de la lucha de las comunidades indígenas de Oaxaca contra el Estado mexicano por el derecho a medios y telecomunicaciones comunitarias e indígenas.

Las resistencias al modelo de producción

La CETIEN, coalición de trabajadoras de la maquila electrónica en Jalisco, ha denunciado por años las afectaciones de la industria tecnológica en la salud y en el ambiente. La organización impulsa la articulación con organizaciones comunitarias de defensa del territorio. Recientemente han expuesto cómo la devastación ambiental de la zona ha contribuido a recrudecer la situación de emergencia sanitaria causada por la COVID-19.[4] Las corporaciones químicas, angroindustriales y tecnológicas como Celanes, Hutsman, IBM, HP, Sanmina, explotan la zona en la que se encuentran el río Santiago y el Lago de Chapala generando riesgos a la seguridad y la salud a causa de las sustancias tóxicas que vierten en el ambiente.

La Coalición de Extrabajadores(as) y Trabajadores(as) de la Industria Electrónica Nacional (CETIEN) documentó que las empresas del sector electrónico del Corredor Industrial Ocotlán-El Salto continuaron con la producción a pesar de las indicaciones del Estado de parar toda actividad no esencial, poniendo en riesgo a las trabajadoras y trabajadores. Por ejemplo, la empresa electrónica Sanmina, de origen estadounidense, en la que trabajan más de 20 mil personas, continuó sus labores, lo que significa que además de exponer a los trabajadores al contagio, continúa contaminando con desechos químicos la cuenca del río Santiago. La CETIEN también denunció que en la empresa Benchmark Electronics que continuó su producción, presentó casos de coronavirus entre su plantilla laboral. Para la CETIEN, es necesario insistir en que a partir de los estudios de SEMARNAT, se puede comprobar que el 78% de las víctimas de coronavirus se concentran en zonas con mayor contaminación ambiental, como es el polígono del río Santiago.

Las resistencias al modelo de extracción

Las tecnologías que utilizamos contienen gran cantidad de minerales. Por ejemplo, para producir un celular son necesarios alrededor de 200 tipos de minerales diferentes. Algunos como el titanio, cobre, plata, oro se encuentran en el Estado de Chiapas, al sur de México, donde cerca del 20% del territorio está concesionado a actividades mineras. Hasta septiembre de 2019, la Secretaría de Economía tenía registradas 140 minas a cielo abierto[5], con permisos de explotación que van hasta el año 2060 y con un alto uso de agua. El gasto de agua asociado con la extracción minera es enorme: “Una mina chica consume alrededor de 250 mil litros de agua por hora, mientras que una grande va del millón a los 3 millones de litros en el mismo lapso”.[6]

Las localidades de Escuintla y Acacoyagua se encuentran dentro de uno de los 129 municipios concesionados por el Estado. De esta zona se extrae fundamentalmente titanio. Pero los minerales nunca se presentan solos. El médico generalista de Los Cacaos en el municipio de Acacoyagua ofrece su testimonio sobre las afectaciones de la mina: “Sabemos nosotros que esta piedra aparte de contener sílice, contiene cuarzo, titanio, uranio, tiene cromo y emite rayos gama y partículas alfa […] Esté almacenado o esté a granel como lo tengo en la mano, ¿cuánto tiene de radioactividad? No sabemos cuántos rats esté emitiendo en un momento dado, el chiste es que han muerto como cuatro de un cáncer de hígado. Y para una comunidad de mil habitantes es demasiado. ¿Por qué antes no existía eso?”[7]

Ante esta circunstancia, los habitantes de la región se organizaron en torno al Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS), un movimiento pacífico, nacido a mediados de 2015 con la intención de proteger el Soconusco en la zona costera de Chiapas, una de las regiones más biodiversas de México. Desde entonces mantienen un bloqueo para impedir el acceso de las empresas mineras a las comunidades.

Tanto el gobierno nacional como el estatal han ignorado sus reclamos por los problemas ambientales y las afectaciones a la salud que están padeciendo. Un poblador local declara que, además, “el avance de las mineras representa un retroceso para la soberanía alimentaria de las comunidades”[8]  y mucha corrupción.Por eso, como parte de su proceso de resistencia en el año 2016 las comunidades se declararon como municipio libre de minería a través de un acta de asamblea comunal, un mecanismo legal para las comunidades ejidales del país.

En sus años de resistencia el movimiento se ha visto criminalizado en varias oportunidades. Durante la contigencia por COVID el proceso de defensa del territorio no se ha detenido y la empresa minera junto al gobierno local intimidaron a los pobladores amenazando con aplicar el “estado de derecho” para garantizar que la empresa pueda hacerse con el titanio.[9]

Las resistencias al modelo de Estado

La comunidad mixe de Ttlahuitoltepec en Oaxaca, también se encuentra en resistencia frente a proyectos mineros. Para dar a conocer su palabra surgió hace 18 años la Radio Comunitaria Jënpoj, un proyecto de comunicación indígena en lengua ayuujk.[10]Lilia Pérez, líder comunitaria, comparte la visión de su pueblo: “En el territorio que habitamos están nuestros hermanos y hermanas que son los seres vivos: plantas, animales, piedras (…) cuando nosotras decidimos poner una radio y nos dijeron que teníamos que pedir permiso para ocupar el aire, desde nuestro pensamiento tienen que pedir permiso a la montaña y a los ancestros, no al Estado (…) pero las nuevas leyes han hecho que ahora el territorio que nos corresponde sea solo el suelo, el subsuelo es del Estado y el aire también”.

La concepción del territorio de las poblaciones indígenas y comunitarias de México y sus manifestaciones de autodeterminación no son compatibles con las legislaciones que impone el Estado. Sin embargo, en la práctica, muchas de esas poblaciones han defendido su derecho colectivo a la comunicación y a la autonomía tecnológica a pesar de estas imposiciones. A esta tradición de las radios comunitarias, le siguieron años después las iniciativas de redes de telefonía comunitaria y, más recientemente, las redes inalámbricas comunitarias. En México, 23% de la población indígena está desconectada:“Ante la falta de Internet o su alto costo, los pueblos indígenas se han valido de su inventiva para construir redes inalámbricas que permitan distribuir el Internet en su comunidad o comunidades aledañas a través de sistemas colaborativos, nuevas redes bajo otros principios y valores aportan a la creación de una nueva Internet”[11]. Ejemplos de estas iniciativas son el servicio de telefonía de Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias en comunidades indígenas de Oaxaca (https://www.tic-ac.org/) y la red inalámbrica del Colectivo Ik´ta K´op (http://www.iktakop.org/), en Chiapas.

Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC A.C.)[12] es una asociación civil conformada por comunidades indígenas y rurales de México y por un equipo operativo que acompaña a personas y comunidades que buscan construir, gestionar y operar sus propias redes de comunicación. Entre sus principios se encuentran: “aportar herramientas en el ámbito de telecomunicaciones que favorezcan la organización de y entre los pueblos, la defensa del territorio, la equidad de género y los procesos de autonomía y autodeterminación.” En julio de 2016, con el apoyo de Redes A.C.[13] y junto a 16 comunidades indígenas de Oaxaca, TIC A.C. logró la primera concesión social indígena en la historia de México para administrar y operar redes de telecomunicaciones y radiodifusión autónomas, entre ellas, la telefonía celular. Sin embargo, al obtener la concesión, el órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, determinó que debían acatar la resolución que los obligaba a pagar por uso de espectro como concesionarios, a pesar de que la red no tuviera un fin comercial.[14]En noviembre de 2017 el juzgado le negó la solicitud de exención, pero en marzo de 2018 el Poder Judicial de la Federación les otorgó un amparo[15]que sentó un precedente histórico para hacer efectivo el derecho a desarrollar redes comunitarias e indígenas.

Estos casos exhiben los costos del modelo dominante de desarrollo tecnológico en las comunidades y los territorios. Muestran además que el Norte global tiene una responsabilidad directa en las afectaciones que se generan en los territorios del Sur global. Asimismo, señalan que el Estado tiene una enorme responsabilidad cuando promueve empresas y proyectos extractivistas y no genera marcos regulatorios que beneficien a las comunidades, protejan sus territorios y su autodeterminación. El Estado mexicano, al no propiciar condiciones para que las redes comunitarias e indígenas tengan posibilidades de ser sustentables, atenta también contra la posibilidad de generar tecnologías que sean locales y comunitarias, con un menor impacto ambiental. Observamos, por tanto, dos formas de colonialismo: un colonialismo digital que se impone desde el occidente a territorios del sur global, y un colonialismo interno, promovido por los Estados cómplices de este extractivismo.

Conclusión

Los problemas tecnológicos a los que nos enfrentamos tienen dimensiones complejas. La concepción actual de las tecnologías, centrada en modelos capitalistas, heteropatriarcales y coloniales, demuestra la incomprensión de las afectaciones generadas en el proceso de diseño, producción, uso y desecho de las tecnologías. En este artículo quisimos hacer visible la complejidad del problema para insistir en que requerimos tecnologías que consideren la vida por sobre el lucro, es decir, que pongan en el centro a las personas y al ambiente.

La deliberada visión fragmentada de la realidad implica que las afectaciones de la tecnología se desconectan de sus causas. Las dicotomías urbano/rural, desarrollo/subdesarrollo, inclusión/exclusión frecuentes en las narrativas occidentales, no reconocen las diferentes formas de existencia en los territorios locales. La idea de modernidad occidental impone un modelo de desarrollo tecnológico no sustentable y reproduce relaciones coloniales en las que los territorios y personas afectadas no importan.

En la perspectiva dualista e individualista dominante en el pensamiento occidental, las personas están separadas de los objetos, y el uso de los objetos tecnológicos está desvinculado del proceso de producción y de las personas que los producen. El modelo de desarrollo tecnológico occidental reproduce esta lógica. Sin embargo, en algunas cosmovisiones indígenas y campesinas, la naturaleza y los demás seres vivientes están estrechamente relacionados como parte de la continuidad de la existencia. Sostenemos que mientras no nos concibamos como parte de la naturaleza y en relación con los demás seres vivientes, las transformaciones no serán posibles. Por tanto, requerimos un modelo de desarrollo tecnológico que parta de la noción del cuidado mutuo y la corresponsabilidad. Concebir al ser humano como parte de su entorno posibilitaría otro tipo de relaciones sociotécnicas.

Para resistir al modelo tecnológico dominante, necesitamos fomentar formas de organización local y comunitaria en cada región del mundo. Necesitamos asumir prácticas de corresponsabilidad en cada contexto situado. El sur global no está llamado a seguir siendo el sumidero de las “necesidades” del Norte global. Esta concepción implica hacer evidente que los grupos y personas implicadas en el diseño, desarrollo, uso y desecho de las tecnologías tienen niveles de responsabilidad muy diferentes en relación al estadio de la crisis actual. Los distintos estilos de vida, los privilegios y las estructuras coloniales ofrecen marcos de actuación desigual a cada grupo social. Es necesario encaminarnos a formas de economía y sociedad diferentes al capital y que pongan en el centro la propia vida de las personas y sus comunidades.

Acciones

Las acciones propuestas para transformar la relación actual con nuestras tecnologías deben plantearse en distintos niveles, es decir, en lo macro, lo meso y lo micro, con diferentes alcances, tanto en lo local, lo regional y lo global. Algunas de nuestras propuestas:

• Tecnologías locales: impulsar y fortalecer la construcción y compartición de tecnologías locales y comunitarias que se ajusten a las necesidades de las propias comunidades;
• Articulación: promover espacios de organización entre las comunidades afectadas en los territorios mineros y las personas trabajadoras de la industria tecnológica. Compartir experiencias de resistencia y construir objetivos comunes;
• Consumo: realizar campañas y acciones que promuevan un cambio en el estilo de vida, la disminución del consumo, el derecho a la reparación y la erradicación de la obsolescencia programada;
• Conocimiento compartido: construir espacios de conocimiento en torno a tecnologías críticas que incluyan todas las dimensiones e impactos sociales de las tecnologías;
• Diversidad: imaginar y fomentar tecnologías que den cabida a epistemologías y formas de ser diversas, que respondan a la riqueza cultural de las comunidades;
• Marco legislativo y acceso a la justicia: impulsar legislaciones que protejan los derechos de los sujetos colectivos y los territorios, tanto desde la prevención como desde la reparación del daño por parte de las empresas tecnológicas; que las comunidades afectadas tengan un efectivo acceso a la justicia.
• Órganos de gobierno: considerar pautas de despliegue de tecnología junto al territorio que incluya indicadores de una visión amplia e integrada en relación directa con las comunidades locales;
• Políticas regionales: impulsar regulaciones latinoamericanas para acciones comunes sobre el diseño, producción, uso y desecho de tecnología encaminadas a alcanzar la soberanía tecnológica, la autonomía regional y el respeto a los derechos humanos.

Notas al pie

[1] III Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. (2018).Propuesta de indicador para medir el impacto de la Internet y las telecomunicaciones en la calidad de vida de la población mexicana.https://consejoconsultivo.ift.org.mx/.

[2] Agencias (2019, 18 de junio). López Obrador invita a Mark Zuckerberg a llevar Internet a todo México con Facebook. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Lopez-Obrador-invita-a-Mark-Zuckerberg-a-llevar-Internet-a-todo-Mexico-con-Facebook-20190618-0076.html.

[3] Sursiendo (2019, 19 de junio). Facebook requerido para salvar México es una mala noticia. Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital.https://sursiendo.org/blog/2019/06/facebook-mexico-mala-noticia/.

[4] Coalición Electrónica (2020, 3 de julio). Vive Jalisco doble emergencia sanitaria por el Covid-19 y por la devastacion ambiental provacada por el modelo de producción. CETIEN México.https://cetienmexico.wordpress.com/2020/07/03/vive-jalisco-doble-emergencia-sanitaria-por-el-covid-19-y-por-la-devastacion-ambiental-provacada-por-el-modelo-de-produccion/.

[5] Domínguez, A. (2019, 1 de septiembre). Los conflictos futuros de Chiapas por la defensa del territorio. Chiapas Paralelo. https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2019/09/los-conflictos-futuros-de-chiapas-por-la-defensa-del-territorio/.

[6] Martínez García, M.A. (2015, 10 de febrero). Minería pone en riesgo a áreas naturales protegidas: Gustavo Castro. Americas Program. https://www.americas.org/es/mineria-pone-en-riesgo-a-areas-naturales-protegidas-gustavo-castro/.

[7] https://www.youtube.com/watch?v=oUAPfGnh⁷-0

[8] Mandujano, I. (2017, 30 de marzo). Chiapas: exigen a alcaldes de Escuintla y Acacoyagua frenar expansión minera en la zona. Proceso.https://www.proceso.com.mx/4⁸0291/chiapas-exigen-a-alcaldes-escuintla-acacoyagua-frenar-expansion-minera-en-la-zona.

[9] Navarro, S. (2020, 25 de marzo). México: En plena contingencia del Covid-1⁹, gobierno intimida a ambientalistas para dar paso a la explotación de Titanio. Movimiento M4.https://movimientom4.org/2020/03/mexico-en-plena-contingencia-del-covid-19-gobierno-intimida-a-ambientalistas-para-dar-paso-a-la-explotacion-de-titanio/.

[10] Gayou Soto, S. (2019, 17 de julio). México: Radio Comunitaria Jënpoj, un espacio para la defensa del territorio. Medio a Medio.https://www.agenciadenoticias.org/mexico-radio-comunitaria-jenpoj-un-espacio-para-la-defensa-del-territorio/.

[11] Olvera, D. (2018, 16 de noviembre). Menospreciados por Movistar, Telcel y AT&T, pueblos indígenas crean una red propia, más barata. Sin Embargo. https://www.sinembargo.mx/16-¹¹-2018/3494112.

[12] https://www.tic-ac.org/

[13] Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C. es una organización comunitaria que ha impulsado políticas públicas y reformas que hagan posible las concesiones para operar redes y medios comunitarios. Esta organización promueve la producción de conocimiento situado y colectivo a partir de su experiencia de autonomía tecnológica, impulsa recomendaciones de políticas y promueve el desarrollo de infraestructuras. https://www.redesac.org.mx/derechos.

[14] Fuentes, G. (2017, 18 de diciembre). Indígenas pagan 40 pesos al mes en su red celular. Al IFT ya no le gustó: exige 1 millón, o les cierra. Sin Embargo. https://www.sinembargo.mx/18-12-2017/3364446.

[15] Salazar, G. (2018, 9 de abril). Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias seguirá operando, pero aún hay camino por recorrer.Global Voices.https://es.globalvoices.org/2018/04/24/telecomunicaciones-indigenas-comunitarias-seguira-operando-pero-aun-hay-camino-por-recorrer/.

Nota:
Este reporte fue publicado como parte de la compilación “Global Information Society Watch 2020: Technology, the environment and a sustainable world: Responses from the global South»
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) – Some rights reserved.
ISBN 978-92-95113-40-4
APC Serial: APC-202104-CIPP-R-EN-DIGITAL-330
ISBN 978-92-95113-41-1
APC Serial: APC-202104-CIPP-R-EN-P-331

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