Las organizaciones y activistas abajo firmantes expresamos nuestra preocupación y nuestro firme rechazo ante las múltiples irregularidades, ilegalidades y vulneraciones al debido proceso observadas durante 5 años en el caso de Ola Bini, programador y defensor de derechos humanos. Este caso no solo ha expuesto deficiencias críticas y la debilidad en el sistema judicial ecuatoriano, sino que también ha revelado cómo las prácticas gubernamentales amenazan continuamente los principios fundamentales de justicia y libertad en el Ecuador.
Las irregularidades en el caso incluyen:
La sentencia emitida por los jueces Pacheco y Fabara, este último actualmente bajo investigación por supuestos actos de corrupción por parte de la Fiscalía (https://inredh.org/dos-de-tres-jueces-revocaron-la-sentencia-que-declaraba-inocente-al-activista-digital-ola-bini), parece haber sido influenciada por presiones políticas externas, pues no existe prueba alguna que justifique dicha sentencia. Esta decisión no solo ignora la falta de evidencia, sino que además sentencia a Bini a un año de prisión y al pago de multas económicas, basándose en la presunta «tentativa» de acceder a un sistema de telecomunicaciones de la CNT, una acusación que ni siquiera fue objeto de la teoría del delito inicial de la Fiscalía.
La decisión judicial no solo suma a un manejo terriblemente irresponsable y manipulado del caso, sino que también establece un precedente alarmante para las libertades en general.[1] En particular, la criminalización de herramientas como Tor, que son vitales para garantizar la seguridad y privacidad en línea, junto con el intento de penalizar la adquisición y posesión de conocimientos técnicos, apunta a una tendencia peligrosa de interpretar habilidades tecnológicas como amenazas potenciales, en lugar de reconocerlas como componentes esenciales para la innovación y la seguridad informática. Este enfoque no solo socava los derechos fundamentales a la privacidad y la libre expresión, sino que también pone en riesgo la integridad y la evolución de un entorno digital seguro en el Ecuador.
Por todo lo anterior, instamos a las autoridades competentes a:
Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos para que continúen observando de cerca este caso y exijan al Ecuador el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
[1] Al respecto, la Misión de Observación del caso Ola Bini ya ha expresado las implicancias para la vigencia de los derechos digitales de una sentencia dictada al margen de criterios técnicos y jurídicos: https://articulo19.org/ola-bini-inocente-una-sentencia-clave-para-la-defensa-de-derechos-digitales/
Firmamos en orden alfabético:
Access Now – Internacional
Article 19 – Internacional
Association for Progressive Communications (APC) – Global
Associació Pangea Coordinadora Comunicació per a la Cooperació – España/Cataluña
Barracon Digital – Honduras
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) – Ecuador
Centre for Information Technology and Development – Nigeria
Código Sur – Costa Rica
Conexión Educativa – Ecuador
Cooperativa Autogestionaria Sulá Batsú – Costa Rica
Cooperativa Tierra Común – Mexico
CryptoRave – Brasil
Derechos Digitales – América Latina
Digital Defenders Partnership – Internacional
Electronic Frontier Foundation – Internacional
Fantsuam Foundation – Nigeria
Front Line Defenders – Internacional
Fundacion Acceso – Costa Rica
Fundación InternetBolivia.org – Bolivia
Fundación Karisma – Colombia
Fundación Openlab – Ecuador
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) – Ecuador
JCA-NET – Japan
Jokkolabs Banjul – Gambia
LaborNet – Estados Unidos
LaLibre.net Tecnologías Comunitarias – Ecuador
MariaLab – Brasil
May First Movement Technology – Estados Unidos/México
Rhizomatica – México
Saravá – Brasil
SeguDigital – México
Ser Valiente en Red – Perú
SocialTic – México
Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital – México
Taller de Comunicación Mujer – Ecuador
TEDIC – Paraguay