Read in English

Los abajo firmantes, conformados por organizaciones de la sociedad civil e individuos, condenamos el uso de software espía contra periodistas y personas que trabajan en los medios. Esta alarmante tendencia afecta la libertad de la prensa y crea un efecto inhibitorio más amplio en la sociedad y el espacio cívico. Dada la gravedad y la amplitud de la amenaza que representa el software espía y la vigilancia selectiva ilícita para la libertad de expresión y la creciente evidencia de que el uso de tecnologías de vigilancia maliciosa facilita y permite violaciones a los derechos humanos, instamos a todos los gobiernos a implementar una moratoria inmediata a la exportación, la venta, la transferencia, el mantenimiento y el uso de tecnologías digitales de vigilancia, así como también una prohibición de la abusiva tecnología de software espía comercial y sus proveedores. 

La privacidad, la protección de las fuentes y la seguridad digital son componentes esenciales de la libertad de expresión, ya que permiten a periodistas proteger la confidencialidad e integridad de sus trabajos y fuentes. Sin embargo, mientras los gobiernos y otras entidades buscan reprimir a la prensa y silenciar el disenso, vemos un crecimiento exponencial en el mercado de tecnologías digitales de vigilancia, incluido el software espía, que anulan dichos principios periodísticos. El software espía invasivo tiene la capacidad de infiltrarse en el teléfono de un individuo objetivo, lo que le confiere al atacante acceso completo a los correos electrónicos, los mensajes, los contactos e incluso al micrófono y la cámara del dispositivo en cuestión. Incluso las plataformas de comunicación más seguras y cifradas quedan obsoletas ante esta situación. El uso de software espía permite vigilar a periodistas, sus fuentes, sus asociados y sus familiares, lo que les pone en un mayor riesgo de sufrir daños, persecución o enjuiciamiento.

Cuando la comunidad periodística es blanco de software espía, esto afecta a la sociedad en general, al restringir la capacidad de los individuos de hablar de manera segura con la prensa y acceder a información independiente. Además, la prensa queda imposibilitada de revelar actos de corrupción y abuso o de responsabilizar a las autoridades correspondientes. La libertad de prensa es un pilar fundamental de la gobernanza democrática, puesto que mantiene informadas a las personas y fomenta la transmisión de información e ideas más allá de las fronteras, lo cual es una meta clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (vea el Objetivo 16).

De El Salvador a México, de la India a Azerbaiyán y de Hungría, pasando por Marruecos, a Etiopía: es interminable la lista de países donde periodistas de investigación que trabajan para exponer casos de corrupción, abusos de poder y violaciones a derechos humanos han sido blanco de software espía invasivo como Pegasus. A la fecha, sabemos de al menos 180 periodistas que han potencialmente sido blanco de esto en 21 países. A continuación, brindamos solo algunos de los muchos ejemplos donde se usó software espía contra periodistas con el fin de silenciar, intimidar, censurar y reprimir su trabajo. 

• Ya en 2015, en Azerbaiyán, Khadija Ismayilova, una periodista que investigaba casos de corrupción, fue blanco de un ataque de software espía que permitió que sus atacantes escucharan sus conversaciones y rastrearan sus movimientos. 
• En El Salvador, los dispositivos de por lo menos 35 personas, muchas pertenecientes a organizaciones mediáticas, incluido parte del personal de El Faro, fueron infectados con Pegasus entre 2020 y 2021.
• En Hungría, Andras Szabo y Szabolcs Panyi, quienes informaban acerca de casos de corrupción y abuso a los derechos humanos, fueron blanco de Pegasus en 2021. 
• En la India, Siddharth Varadarajan, periodista de investigación y editor fundador del sitio web de noticias independientes The Wire, fue blanco de software espía en 2017. 
• En México, se infectó el teléfono del investigador y periodista Ricardo Raphael con el software espía Pegasus en múltiples ocasiones entre 2019 y 2020, mientras que en 2015 y 2016, la periodista de investigación Carmen Aristegui fue blanco del software espía tras revelar un escándalo de corrupción relacionado con el entonces presidente mejicano.
• En Uganda, Raymond Mujuni, periodista de investigación, y Canary Mugume, reportero, fueron blanco del software espía Pegasus en 2021.

El uso de software espía viene acompañado o seguido de actos autorizados por el Estado, como acoso físico, agresiones o encarcelamiento, y su alcance excede las fronteras de los países. Omar al-Radi, periodista de investigación de Marruecos, fue blanco de Pegasus entre 2019 y 2021 y, posteriormente, fue sentenciado a seis años de prisión por falsas acusaciones de violación y espionaje. Por su parte, el periodista Hicham Mansouri, quien huyó de Marruecos a Francia en 2016 tras sufrir acosos y detención por parte del Estado, fue hackeado por Pegasus al menos 20 veces entre febrero y abril de 2021. 

Quizás el ejemplo más infame de cómo el software espía puede facilitar y permitir la represión transnacional y violaciones graves a los derechos humanos, incluidas la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial, es el asesinato de Jamal Khashoggi, periodista y disidente saudí, en el Consulado del Reino de Arabia Saudita en Estambul el 2 de octubre de 2018. Tanto antes como después de su muerte, los familiares y conocidos de Khashoggi fueron blanco del software espía de Pegasus.

Es evidente que el uso de software espía y la vigilancia selectiva ilícita violan los derechos fundamentales de libertad de expresión y acceso a la información, la libertad de asociación y reunión pacífica, la libre circulación y la privacidad. Teniendo en cuán extendido es su uso contra individuos, y la manera en que se violan sus derechos humanos, instamos a todos los países, que tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos individuales, a hacer lo siguiente:

1. Implementar una moratoria inmediata a la exportación, la venta, la transferencia, el mantenimiento y el uso de tecnologías digitales de vigilancia hasta que se establezcan salvaguardas estrictas de derechos humanos que regulen dichas prácticas.
2. Cuando haya evidencia de que la tecnología de software espía comercial impone o permite abusos a los derechos humanos, prohibir dicha tecnología y sus proveedores.
3. Responsabilizar a las empresas que desarrollan y distribuyen estas tecnologías, así como también a sus inversores, por fallar en el respeto de los derechos humanos y por su rol en la habilitación de usos abusivos, y exigir transparencia de dichas empresas respecto de sus clientes y sus prácticas, en particular sobre sus prácticas de recolección y procesamiento de datos.
4. Reafirmar las protecciones para todas las personas periodistas y quienes trabajan en medios y salvaguardar la libertad de prensa mediante el reconocimiento de que dichas personas no son blanco legítimo de vigilancia por el simple hecho de hacer su trabajo.
5. En casos documentados de abusos contra medios, establecer mecanismos de rendición de cuentas y reparación para las víctimas de la vigilancia.
6. Hacer uso de procesos existentes, como el Examen Periódico Universal, el Plan de acción de la ONU sobre la seguridad de los periodistas, las resoluciones de la ONU sobre la seguridad de los periodistas, el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO e informes de monitoreo relacionados, junto con otros procesos de reparación y elaboración de normativas, para garantizar que los compromisos para limitar el uso abusivo de tecnologías de vigilancia, incluido el software espía, se traduzcan a acciones, leyes y políticas relevantes sobre vigilancia selectiva en consonancia con estándares internacionales de derechos humanos.
7. Crear mecanismos nacionales de protección y prevención con perspectiva de género para garantizar la seguridad de periodistas en espacios en línea, elaborados con la participación de múltiples partes interesadas y estándares basados en el marco internacional de derechos humanos.

Firmantes

Organizaciones de la sociedad civil

• Access Now
• Acción Constitucional
• Advocacy for Principled Action in Government
• Al-Haq
• ALQST For Human Rights
• ALTSEAN-Burma
• ApTI
• ARTICLE 19
• Bulatlat
• Citizen D
• Committee to Protect Journalists
• Conexo
• Cooperativa Tierra Común
• Cultivando Género AC- México
• CyberPeace Institute 
• Daraj
• Democracy for the Arab World Now (DAWN)
• Digital Defenders Partnership
• Digital Society, Switzerland
• Electronic Frontier Finland
• Epicenter.works
• European Center for Not-for-Profit Law (ECNL)
• European Digital Rights (EDRi)
• European Sex Workers Rights Alliance (ESWA)
• Freedom House
• Gong
• Heartland Initiative
• Hiperderecho
• Hivos
• Hungarian Civil Liberties Union
• INSM
• Internet Law Reform Dialogue (iLaw)
• IPANDETEC – Centroamérica
• IT-Pol
• KENYA HUMAN RIGHTS COMMISSION
• Manushya Foundation
• Masaar, Egypt
• Media Foundation for West Africa
• MENA Rights Group
• Organization for Identity & Cultural Development (OICD.net)
• Paradigm Initiative
• Privacy International
• Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER)
• R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales
• Red Line for Gulf
• Reporters Without Borders (RSF)
• Robert F. Kennedy Human Rights
• SocialTIC
• tatewatch
• Sursiendo
• Surveillance Technology Oversight Project
• TEDIC – Paraguay
• The Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa (CIPESA)
• The Syrian Center for Media and Freedom or Expression (SCM)
• The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
• Transparentem

Periodistas y especialistas independientes

• Alexander Borodikhin, Reporter and Editor, Mediazona
• Anisha Dutta, journalist 
• Anya Schiffrin, Director, Technology, Media and Communications (TMaC) specialization, School of International and Public Affairs, Columbia University
• Carmen Aristegui
• Chip Pitts, independent expert
• David Kaye, UC Irvine School of Law, UN Special Rapporteur on Freedom of Expression (2014-2020)
• Erika George, Samuel D. Thurman Professor of Law, University of Utah S.J.Q College of Law
• Hinako Sugiyama, Digital Rights Fellow, International Justice Clinic at the University of California, Irvine School of Law
• Jessica Peake, Promise Institute for Human Rights at UCLA School of Law
• John Scott-Railton, Senior Researcher, The Citizen Lab
• John-Allan Namu, Africa Uncensored
• Joseph E. Stiglitz, Nobel laureate in economics, University Professor at Columbia University
• Julia Gavarrete, journalist
• Nelson Rauda Zablah, journalist
• Ron Deibert, O.C., O.Ont., Director, The Citizen Lab and Professor of Political Science, the University of Toronto
• Siena Anstis, Senior Legal Advisor, The Citizen Lab
• Steven Feldstein, Senior Fellow, Carnegie Endowment for International Peace

---

El presente pronunciamiento fue publicado originalmente en Access Now.

@sursiendo