Condenamos la aprobación de reformas que establecen mecanismos de censura en Internet y criminalizan la elusión de candados digitales
[Fuente original del comunicado aquí]
1 de julio de 2020
De manera apresurada y sin discusión, las Cámaras de Senadores y Diputados aprobaron diversas reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal derivadas de la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) que entra en vigor el día de hoy. Estas reformas violan la Constitución, son contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos y atentan gravemente en contra de los derechos fundamentales de millones de personas usuarias de tecnología en México.
Las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor establecen un mecanismo privado de censura en Internet, conocido como “notificación y retirada”, que obliga a los proveedores de servicios en línea a remover cualquier publicación o contenido de sus usuarios cuando una persona alegue que se violan sus derechos de autor; sin necesidad de que se aporte prueba alguna de dicha infracción y sin que una autoridad judicial lo ordene tras un juicio que respete las garantías del debido proceso.
Al permitir que cualquier particular censure expresiones en línea, sin que deba seguirse un proceso legal para determinar si la expresión efectivamente constituye una infracción a derechos de autor, se establece un mecanismo extrajudicial de censura claramente violatorio del derecho a la libertad de expresión, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución y en tratados internacionales, como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión y que legalizan la censura en Internet configuran el más grave retroceso legislativo para la libertad de expresión del que se tenga memoria.
La legalización de la censura se materializa en un momento en el cual la libertad de expresión, y en particular la labor periodística, se encuentra bajo asedio. En efecto, hemos documentado cómo en México se han bajado páginas enteras con información periodística de interés público bajo una supuesta vulneración a los derechos de autor, y ha sido abusado por parte de diversos actores políticos y económicos para censurar. Este procedimiento extrajudicial pone en mayor riesgo el ejercicio periodístico en México.
También recordamos que, desde hace unos meses, estamos trabajando con un grupo de diputados y diputadas de diversos grupos parlamentarios para avanzar en un paquete de reformas a cuando menos 20 leyes para garantizar la libertad de expresión. Lamentamos profundamente que esa voluntad política para defender la libertad de expresión en este caso haya sido nula.
Igualmente, las reformas aprobadas criminalizan la elusión de medidas tecnológicas de protección (candados digitales) sin contemplar excepciones, existentes en Estados Unidos –permitidas por el TMEC– y que resultan fundamentales para el ejercicio de los derechos humanos.
En consecuencia, será ilegal y meritorio de sanciones –que pueden alcanzar multas de 1.7 millones de pesos y hasta 6 años de prisión– eludir un candado digital para inspeccionar, reparar, dar mantenimiento o modificar un aparato, vehículo o dispositivo tecnológico o eludir un candado digital para ejercer los derechos a la libertad de expresión, amparados por las excepciones y limitaciones al derecho de autor reconocidas en los artículos 148 y 151 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
Denunciamos la sumisión mostrada por el Congreso y la Secretaría de Economía –dependencia federal responsable de la negociación del TMEC– ante los intereses privados, así como el abandono de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos, establecidas en la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.
Anunciamos que combatiremos las reformas aprobadas ante el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, exigimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las y los legisladores que votaron en contra de estas disposiciones, que interpongan acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Firmantes