Sursiendo hilos sueltos
Se inicia hoy una campaña para que no sea aprobado el Anteproyecto que vulnera derechos básicos
Actualización: se amplió el plazo de la consulta hasta el 15 de junio.
En 2020 la Internet y la web tienen ya más de 50 y 20 años, respectivamente. Las redes digitales que se interconectan entre ellas han posibilitado el ejercicio de algunos derechos antes más restringidos, como la libertad de expresión, el derecho a la información o el acceso a la cultura, y han creado otros, como la libertad de crear código propio, la privacidad en línea o el de la neutralidad de la red. Esta última está en peligro en México, que pone en riesgo a la Internet misma, tal y como fue creada y ha posibilitado ser lo que es.
Imaginemos que una cooperativa de productores de café de Chiapas lanza una plataforma web para denunciar las malas prácticas de una corporación del café, pero esta empresa (con el logo verde) llega a un acuerdo con el Gobierno de turno y éste interviene (legalmente) para que se interrumpan los servicios de Internet de la cooperativa y dicho sitio web no tenga salida al público…
Imaginemos que varios colectivos de comunicación del sur de México se unen para armar un servicio de streaming con producciones locales, de trabajos en audio y de vídeos, pero las grandes empresas del vídeo online hacen gestiones y pagos para que apenas se pueda entrar a esta web colaborativa, retenga el tráfico y tarde horas en cargarse…
Imaginemos también que un portal de noticias ciudadanas es molesto para un presidente municipal y éste, sin necesidad de resolución judicial, decide eliminarla haciendo gestiones con la empresa proveedora de Internet…
Todo esto y mucho más podría producirse si sale adelante el Anteproyecto sobre neutralidad de la Red del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), es decir, que se podría dar luz verde a discriminar el contenido de Internet, bloquear o reducir la velocidad de acceso, algo que hasta ahora no se podía, salvo por gestión del tráfico.
La neutralidad de la red es un concepto del investigador Tim Wu y se refiere básicamente al principio de no discriminación del tráfico de datos en Internet. Es un derecho por el cual las empresas proveedoras de servicios de Internet (ISP) tienen que tratar el tráfico de datos por igual, sin discriminar y sin cobrar al usuario de manera diferente según el contenido, página web, plataforma, aplicación, tipo de equipamiento utilizado para el acceso o modo de comunicación. Hasta ahora Internet ha funcionado así, y por ello se ha expandido su uso más y más.
Este derecho protege a los usuarios de Internet de abusos y malas prácticas comerciales y busca prohibir el bloqueo, interferencia, entorpecimiento y restricción arbitrarios de sus actividades, por ejemplo, diferenciando entre flujo de datos rápido para quien más paga y más lento para quien no paga.
Romper con la neutralidad de la red también «podría significar que se censuren contenidos o ciertas formas de pensar según sus valores o intereses económicos”, como dice la Ley de protección de datos de España.
En 2014, durante el Gobierno de Peña Nieto se aprobó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Ley Telecom), que finalmente respeta la Neutralidad de la Red gracias a la movilización ciudadana, ya que en un principio la contravenía. En esta ley se menciona, en los artículos 145 y 146, que los prestadores de servicios de Internet deben respetar la libre elección, la no discriminación, la calidad, la privacidad, la transparencia y la información “con independencia del contenido, origen, destino, terminal o aplicación, así como de los servicios que se provean a través de Internet”. Aunque apela al Instituto a desarrollar estos lineamientos. Que precisamente no hace.
Con esta propuesta del IFT que está a consulta en la actualidad se vulnera la Neutralidad y da paso a la discriminación de contenidos en Internet, quedando al arbitrio de las empresas proveedoras de este país.
El poder que adquieren las corporaciones tecnológicas, como Telefónica-Movistar, Telmex-Claro, es el de ser quienes deciden qué se ve en Internet, determinando qué contenido va lento e inaccesible o rápido y predominante. Y recordemos que las empresas tienen un único objetivo final: ganar dinero, muchas veces por encima de derechos fundamentales.
Además, el anteproyecto trae la indefinición de cuáles son “las autoridades” que pueden decidir intervenir en este bloqueo, lo que puede llevar a abusos, más impunidad, ejercicio arbitrario del poder…
Yendo más allá, con la postura del IFT se viola la privacidad de los contenidos que viajan por las redes (y por lo tanto la de las personas), ya que para poder hacer distinción tienen que conocer esos contenidos, lo que nos pone en más riesgos aún. Esas “autoridades” no especificadas, conociendo los contenidos que circulan, pueden actuar en contra de los que les sean críticos violando la libertad de expresión como fundamento de la neutralidad de la red.
Las consecuencias: Fin de Internet tal y como la conocemos. Al no garantizar la libertad de expresión y el derecho de acceso a Internet como principios básicos de la neutralidad de la red, las y los usuarios y creadores de contenidos corremos el riesgo de que los proveedores de Internet y los gobiernos limiten o censuren contenidos, plataformas, apps, sitios web y cualquier dato que circule a través de la red, en beneficio propio o de sus alianzas.
Desde enero pasado, 15 organizaciones y colectivos de la sociedad civil mexicana que trabajan temas de derechos digitales, ciberactivismo o libertad de expresión se están coordinando para parar este Anteproyecto ahora en consulta pública.
Buscamos que más organizaciones, colectivos y personas que luchan por sociedades justas, sanas y diversas se unan a la campaña #SalvemosInternet para no dar pasos atrás en el respeto a derechos humanos básicos.
Actualización: se amplió el plazo de la consulta hasta el 15 de junio.
Más información para participar en salvemosinternet.mx.