Declaración: Llamamos a los Estados a participar activamente en las negociaciones del tratado internacional para asegurar la protección de los derechos humanos frente a las actividades de las corporaciones transnacionales y otras empresas.

Saludamos las dos exitosas sesiones (2015 y 2016) del Grupo Intergubernamental de Trabajo sobre corporaciones transnacionales y otras empresas con relación a los derechos humanos que exploró la naturaleza, alcance y elementos que podrían ser incluidos en un “instrumento jurídicamente vinculante sobre corporaciones transnacionales y otras empresas con relación a los derechos humanos”. El Grupo de Trabajo realizará su próxima sesión entre el 23 y el 27 de Octubre de 2017 para iniciar la negociación de los contenidos y alcance de nuevo instrumento.

A nivel global, las corporaciones intervienen en operaciones que resultan en contaminación y degradación ambiental, acaparamiento de tierras, uso de trabajo esclavo, amenazan el acceso a medicamentos y los servicios públicos de salud, no respetan las normas laborales, y en casos de violencia contra personas y defensores de derechos humanos, entre otras. Las corporaciones deben responder por estos abusos. Existen actualmente una serie de vacíos regulatorios, algunos de ellos asociados a que las corporaciones operan a nivel internacional, mientras que las leyes que las regulan tienen un carácter nacional. En este contexto de impunidad, las corporaciones cooptan fácilmente a las instituciones nacionales e internacionales. Los tratados de inversiones y comercio firmados por los Estados garantizan a las empresas transnacionales amplios derechos, privilegios y la posibilidad de obtener ganancias; pero no existe una regulación internacional correspondiente para que los Estados garanticen que las operaciones de las corporaciones sean realizadas sin incurrir en abusos a los derechos humanos y ambientales. La introducción y reglamentación de obligaciones nacionales e internacionales es necesaria para que los Estados puedan por fin cumplir con su obligación de proteger los derechos humanos y ambientales frente a las actividades dañinas de compañías transnacionales y otras empresas.

Consideramos que el rico debate que tuvo lugar a nivel del Grupo Intergubernamental de Trabajo ha mostrado la necesidad de un instrumento internacional, jurídicamente vinculante para

1. fortalecer la protección a comunidades e individuos afectados por violaciones relacionadas con la operación de corporaciones transnacionales y otras empresas, y
2. proveer acceso efectivo a reparación a los afectados, en particular a través de mecanismos judiciales. Las sesiones incluyeron intercambios y debates entre representantes de las comunidades afectadas, expertos, juristas, activistas y parlamentarios de diferentes sectores y regiones, con los representantes de los Estados. Las sesiones contribuyeron a  la identificación de un piso común desde el cual avanzar en la elaboración del tratado basado en la obligación primaria de los Estados de proteger los derechos humanos, inclusive extraterritorialmente.

La movilización de organizaciones y movimientos sociales nacionales e internacionales ha crecido significativamente. Su labor de incidencia constante y constructiva a nivel nacional y la presencia en las deliberaciones en las Naciones Unidas fueron claves para respaldar el proceso y mostrar la importancia de un potencial tratado para la lucha por justicia social y los derechos humanos en el mundo.

El nuevo instrumento jurídicamente vinculante debería ser un paso adelante en la promoción y protección de los derechos humanos, construido sobre esfuerzos previos, y establecer un marco complementario con los instrumentos internacionales existentes de derechos humanos. Un conjunto de obligaciones y mecanismos de aplicación son el próximo paso lógico y necesario en este proceso que comenzó hace ya algunas décadas. El tratado debe estipular la primacía de los derechos humanos sobre los derechos y privilegios de las corporaciones creados en el marco de los tendenciosos e injustos acuerdos de comercio e inversión. Debe establecer también un marco jurídico internacional sólido de rendición de cuentas de las corporaciones que garantice el acceso a la justicia a las comunidades e individuos afectados y que ponga así fin a la impunidad empresarial. La cooperación internacional entre Estados debe ser fortalecida a fin de responder a estos desafíos regulatorios a nivel global.

Para que sea exitosa, la tercera sesión del Grupo Intergubernamental de Trabajo debe alentar:

1. una negociación sustantiva, cooperativa y constructiva entre los Estados sobre elementos concretos y detallados del tratado con relación a sus contenidos y alcance,
2. un abordaje participativo que garantice la presencia de perspectivas diversas de la sociedad civil, y
3. el establecimiento de una hoja de ruta para la conclusión de las negociaciones en un plazo corto.

Recalcamos nuestro fuerte compromiso con el proceso e instamos a todos los Estados a enfocarse, en esta ocasión, en las negociaciones de los contenidos del tratado. Llamamos a la población a estar atenta a este proceso de importancia crítica y a movilizarse activamente en su apoyo a nivel nacional, regional e internacional.

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