Los abajo firmantes, organizaciones de derechos humanos que trabajamos en el campo de las tecnologías digitales en la región, deseamos manifestar nuestro apoyo a la aprobación en Uruguay de una reforma a la ley de derecho de autor que facilite el acceso a la cultura y a los materiales de estudio, impulsada por estudiantes universitarios y diversas organizaciones del país que trabajan en la problemática del acceso a los bienes culturales en el siglo XXI.

El acceso a la educación y a la cultura es un derecho humano consagrado en numerosos instrumentos internacionales, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los cuales Uruguay es signatario. Este último es de cumplimiento obligatorio para los estados miembros.

En el año 2003 Uruguay actualizó su ley de derecho de autor, únicamente en lo relativo a la ampliación de los monopolios y el endurecimiento de las penas para las infracciones. Pero no realizó un trabajo equivalente en la actualización de las excepciones y limitaciones al derecho de autor, un paso necesario para garantizar plenamente los derechos humanos.

Uruguay es uno de los pocos países que no prevé excepciones para bibliotecas. Las excepciones para educación están desactualizadas, y no atienden las necesidades educativas del siglo XXI. En consecuencia, miles de estudiantes, docentes, investigadores, bibliotecarias y usuarios de cultura se encuentran a diario cometiendo infracciones a la ley que pueden ser castigadas con la cárcel.

Las copias para uso personal, las reproducciones para la preservación de ejemplares, el cambio de formato de los materiales, el uso de obras cuyos autores son imposibles de hallar, o incluso la traducción y el intercambio de materiales indisponibles en el mercado, entre muchas otras acciones, son actualmente delitos penales.

Las organizaciones abajo firmantes consideramos que es necesaria una reforma que incorpore una amplia gama de excepciones, atendiendo en particular las necesidades de la comunidad educativa, las bibliotecas y otras instituciones culturales, y el acceso a las obras culturales y educativas por parte de los sectores más vulnerables. Consideramos que deben ser despenalizadas las copias realizadas sin fines de lucro. El derecho penal debe ser utilizado como último recurso para los delitos más graves.

Creemos también que este debería ser un primer paso, pero no el último, en una discusión global que repiense los marcos regulatorios para los bienes culturales en el siglo XXI. Las excepciones y limitaciones son necesarias, pero insuficientes para garantizar un ejercicio pleno de los derechos culturales tal como están consagrados en numerosos pactos. Es necesario avanzar hacia un marco regulatorio integral de derecho de autor y acceso a la cultura, donde la libertad de la ciudadanía para disfrutar el patrimonio cultural, sea la regla y no la excepción.

INSTITUCIONES Y COLECTIVOS QUE APOYAN LA PETICIÓN
ACI­Participa ­ Honduras
Asociación por los Derecho Civiles ­ Argentina
Creative Commons Uruguay
DATA Uruguay
Derecho a la Cultura ­ Uruguay
Derechos Digitales ­ Chile
Enjambre Digital ­ México
Fundación Karisma ­ Colombia
Fundación Vía Libre ­ Argentina
IPANDETEC ­ Panamá
Projeto REA Brasil ­ Brasil
Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital ­ México
TEDIC ­ Paraguay
Wikimedia Uruguay