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Carta conjunta a la Internet Society

Si quieren suscribir la carta, pueden hacerlo desde aquí

[traducción libre del texto original en inglés
que puede ser leído aquí
]

 

Sociedad de Internet
Attn: Andrew Sullivan, Presidente y CEO
11710 Plaza America Drive, Suite 400
Reston, VA 20190

Estimado Sr. Sullivan,

Le instamos a que detenga la venta del Registro de Interés Público (PIR) a la compañía Ethos Capital.

Las organizaciones no gubernamentales de todo el mundo confían en el dominio .ORG. Las decisiones que afectan al .ORG deben tomarse en consulta con la comunidad de ONGs y bajo la supervisión de un líder comunitario de confianza. Si Internet Society (ISOC) ya no puede seguir siendo ese líder, debería trabajar con la comunidad de ONGs y la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN, por sus siglas en inglés) para encontrar un sucesor adecuado.

El Acuerdo de Registro 2019 del .ORG representa una modificación significativa de los 34 años de historia del .ORG. Le da al registro el poder de tomar varias decisiones políticas que podrían ser perjudiciales para la propia comunidad de .ORG: Continue Reading

Declaración sobre la represión de la protesta social en América Latina a través de la violencia y el uso de la tecnología

Declaración conjunta de organizaciones de Derechos Humanos y Derechos Digitales ante la represión de la movilización social de América Latina.

29 de noviembre de 2019

Las firmantes, como organizaciones latinoamericanas trabajando en la intersección entre tecnología y derechos humanos, vemos con preocupación y horror la respuesta de nuestros gobiernos a las masivas protestas sociales que se están desarrollando en Colombia, Bolivia, Chile y Ecuador.

En particular, rechazamos el modo en que los gobiernos están utilizando distintas tecnologías digitales en favor de la represión, criminalización y persecución de las y los manifestantes y su legítimo derecho a reunirse y expresarse pacíficamente, de una manera que solamente puede ser definida como antidemocrática y contraria a los derechos fundamentales.

En Ecuador, la evidencia demuestra afectaciones e interrupciones temporales de determinadas redes sociales, comunicaciones móviles, sitios web y conexión a internet durante la protesta, interfiriendo sustancialmente con el derecho de las personas a organizarse, comunicarse e informarse. Si bien no existen pruebas concluyentes respecto a que el errático comportamiento de la red fuese producto de un ejercicio estatal de represión, esa posibilidad tampoco ha sido descartada. Continue Reading

Organizaciones de derechos humanos rechazan medidas arbitrarias contra el investigador en seguridad digital Javier Smaldone

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de noviembre de 2019

Atte.
Juez Federal, Luis Rodriguez
Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich

Quienes suscriben, organizaciones de la sociedad civil, académicas y particulares dedicados al estudio de políticas públicas de Internet y a la defensa de derechos fundamentales, nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra preocupación frente a los reiterados casos de persecución a investigadores de seguridad digital. En esta oportunidad, el caso que ha llamado la atención de nuestras organizaciones a nivel local e internacional es la investigación a Javier Smaldone, investigador en seguridad informática, divulgador y reconocido vocero de la campaña pública #NoAlVotoElectrónico.

Recientemente, la Justicia Federal de la República Argentina ordenó el allanamiento de su domicilio a pedido de la Policía Federal Argentina, fuerza que depende de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Continue Reading

Sí y mil veces sí al cifrado

Las organizaciones y las personas que firmamos el presente comunicado manifestamos nuestra oposición ante las iniciativas de gobiernos como los de Estados Unidos de América, Reino Unido y Australia que buscan limitar o eliminar el uso de cifrado de extremo a extremo en los servicios de mensajería porque conlleva una afectación directa a la privacidad, seguridad e integridad en la navegación y comunicaciones, e impactan negativamente en el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de nuestros pueblos. Lamentablemente, las intenciones de dichas potencias mundiales podrían llevar a los gobiernos latinoamericanos a emular este tipo de iniciativas tan dañinas.

Casos recientes en la región de América Latina son los ejemplos clave para entender nuestro pedido. Recordamos el espionaje que periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, y hasta familiares sufrieron en México y Panamá mediante el software pegasus; y los ataques de phishing a disidentes y activistas impulsados por el gobierno de Venezuela. Asimismo, tenemos presente los tres bloqueos de WhatsApp en Brasil por negarse a romper el cifrado de los chats de personas sospechosas en procesos penales. Continue Reading

Comunicado: Ley que regula los actos de odio y discriminación en Internet de Honduras

Esta semana será tratado el proyecto de ley proyecto de ley Ley que regula los actos de odio y discriminación en Internet en el Congreso de Honduras. Desde Access Now y junto a organizaciones de derechos humanos y digitales de latinoamericana se ha hemos elaborado un comunicado conjunto exhortando al oficialismo a retirar este proyecto de ley y abrir un verdadero debate, abierto y multiparticipativo para encarar los desafíos que presenta la seguridad en línea.

El pasado 1 de febrero se presentó ante el Congreso Nacional de Honduras la iniciativa de Ley que Regula los Actos de Odio y Discriminación en Redes Sociales e Internet, la cual tiene por objeto que las empresas de proveedores de servicios de Internet, plataformas y administradores de sitios web adopten medidas para evaluar y bloquear información y contenidos que puedan constituir actos de discriminación, de odio, injurias, amenazas o incitación a la violencia.

El texto de la Ley propone la censura de contenido considerado como discriminación, odio, injuria, amenaza o incitación a la violencia, sin embargo, no determina los parámetros para determinar qué contenido debe ser bloqueado. De este modo, el proyecto pone en mano de empresas privadas, a menudo extranjeras, el poder de evaluar qué contenido es ilegal y la obligación de tomar decisiones de censura. Estas son facultades que, en un país democrático, corresponden a los tribunales de justicia. Un procedimiento de este tipo, sin legitimidad legal ni controles democráticos es una restricción desproporcionada e innecesaria de la libertad de expresión; e  incumple con estándares mínimos de Derechos Humanos. Continue Reading